🍣Off the Table: ¿y después qué?

 Esta semana apareció en los medios el movimiento Off the Table, una campaña internacional respaldada por más de 120 chefs que propone retirar el salmón de cultivo de los restaurantes debido a sus impactos ambientales. Una iniciativa que, como país, nos toca muy de cerca, considerando que somos uno de los principales productores de salmón del mundo.

No pretendo desconocer los impactos ambientales de la salmonicultura, que como país hemos enfrentado con regulación, fiscalización y exigencias de mejores prácticas productivas. Sin embargo, me llama la atención cómo algunas organizaciones que promueven campañas contra esta industria parecen prestar mucha más atención a los problemas que denuncian que a las consecuencias de las soluciones que (no) proponen. Cuando no existe una alternativa concreta, la oposición corre el riesgo de convertirse en un fin en sí misma. Esta discusión me recuerda lo que escuchábamos repetidamente hace cinco años sobre la necesidad de ir terminando con la salmonicultura y «diversificar la matriz económica», sin propuestas concretas sobre cómo hacerlo.

Porque retirar el salmón de nuestras mesas no significa necesariamente reducir nuestro impacto ambiental. ¿Qué consumiremos en su lugar? ¿Pescados silvestres, otras especies cultivadas? Es liviano disparar contra una industria sin considerar el costo de las alternativas.

Durante las últimas décadas hemos visto cómo ha aumentado la presión sobre los recursos pesqueros silvestres. En 1974, apenas el 10 % de las poblaciones marinas evaluadas se encontraba sobreexplotado; hoy esa proporción supera el 35 %. En otras palabras, se ha más que triplicado en medio siglo. A esto se suma otro fenómeno preocupante: la disminución del tamaño de los peces capturados en numerosas poblaciones sometidas a la pesca comercial.

Frente a esta realidad, y así como la ganadería permitió reducir nuestra dependencia de la caza, que llevó al borde de la extinción a muchas especies de grandes mamíferos, la acuicultura ofrece una alternativa para producir proteínas de manera eficiente sin depender exclusivamente de la pesca extractiva. No está libre de impactos, por lo que debe desarrollarse con regulación adecuada, fiscalización y una mejora permanente de sus prácticas productivas.

Pero en Chile hay otra dimensión, igualmente importante, que no podemos ignorar: las personas.

La salmonicultura sostiene cerca de 337 mil empleos en Chile, considerando tanto los puestos directamente vinculados a la actividad como aquellos que dependen indirectamente de ella. No hablamos solamente de quienes trabajan en los centros de cultivo o las plantas de proceso; hablamos también de transporte, astilleros, servicios marítimos, mantenimiento, laboratorios, proveedores y una extensa red de actividades que se han desarrollado alrededor de esta industria. La salmonicultura ha sido el motor del desarrollo de muchas de nuestras comunidades.

El impacto es particularmente importante en el sur. La salmonicultura representa un 21,4 % del PIB regional de Aysén y sostiene el equivalente al 19,3 % de su empleo. En Magallanes, las cifras alcanzan el 11,1 % y el 11,8 %, respectivamente. Son estimaciones, pero reflejan la magnitud de una actividad que ha transformado las oportunidades productivas de territorios históricamente alejados de los principales centros de desarrollo del país.

En Puerto Montt, Chiloé, Aysén, Puerto Natales y Tierra del Fuego, hablar de salmonicultura no es solamente hablar de peces o exportaciones; es hablar de familias, empresas, trabajadores y comunidades enteras que han logrado su desarrollo gracias a esta actividad.

Por supuesto, debemos mantener los más altos estándares de cumplimiento ambiental y social, pero me parece irresponsable promover campañas que buscan reducir la actividad sin abordar con la misma seriedad las consecuencias económicas y sociales que podrían provocar. Resulta demasiado fácil, desde la cocina de un restaurante con una estrella Michelin, cuestionar una industria sin considerar lo que significa para la vida de miles de personas.

Me parece legítimo que existan voces críticas capaces de exigir mejores prácticas. Lo que cuesta entender es que se promueva dejar de consumir un producto desconociendo el costo de las alternativas y sin evaluar sus consecuencias, tanto para las personas como para la fauna marina.

Considerando el peso económico de la salmonicultura en Chile, su importancia entre nuestras exportaciones, una tasa de desempleo que ronda el 10 % y la dependencia que han desarrollado algunas regiones de esta actividad, no solo deberíamos cuestionar campañas como Off the Table, sino también impulsar iniciativas que promuevan el consumo de salmón y permitan reconocer su potencial como una proteína de producción eficiente, hoy fuertemente ligada a nuestra gente y nuestros territorios.

La sostenibilidad no se construye solamente identificando lo que queremos dejar fuera de la mesa. También exige hacernos responsables de lo que ponemos en su lugar. 

 

📊 LA ECONOMÍA DE LOS QUE NO NACIERON

Mientras seguimos pendientes de las guerras, las protestas en Europa, el ébola y de cuánto nos costará esta semana llenar el estanque, hay otra crisis que avanza y que transformará nuestra economía durante las próximas décadas. Una crisis de demanda, empleo e inversión, cuyo origen es mucho más simple: cada vez nacen menos chilenos.

En 1993 nacieron cerca de 276 mil niños en Chile. En 2025 fueron apenas 146 mil, una caída del 47 %. La tasa de fecundidad llegó a 0,99 hijos por mujer, menos de la mitad del nivel de reemplazo generacional. En poco más de treinta años hemos reducido prácticamente a la mitad nuestros nacimientos y, con ellos, una parte importante de la demanda futura de bienes y servicios.

Las consecuencias ya son visibles. Entre 2019 y 2025, la matrícula parvularia disminuyó en aproximadamente 138 mil niños, cerca de un 17 %. La matrícula escolar también comenzó a bajar y, según una estimación del exministro de Educación Beyer, hacia 2035 podría sobrar infraestructura equivalente a unos 3.000 colegios. Si proyectamos una reducción similar del 30 % en la demanda de docentes, hablamos de unos 78 mil menos.

Durante décadas invertimos en infraestructura, formamos profesionales y desarrollamos industrias para atender una población creciente. ¿Estamos ajustando esa capacidad para una demanda que irá disminuyendo?

La primera señal aparece en los jardines infantiles. Algunos deberán reducir cupos, fusionarse o cerrar. Después vendrán los colegios y, finalmente, las universidades. Es una ola que avanza año tras año: los niños que no nacieron no llegarán a primero básico en seis años ni a la universidad en dieciocho.

No hablamos solo de proyecciones. Según el sindicato de trabajadoras de Fundación Integra, cerca de 50 jardines infantiles cerraron en los últimos tres años, entre otras razones, por falta de matrícula.

El impacto va mucho más allá de las salas de clases. Cada establecimiento sostiene una red de empleos y proveedores: educadoras, profesores, nutricionistas, manipuladoras, auxiliares, transportistas, empresas de alimentación y fabricantes de uniformes. También necesitaremos menos mochilas, flautas, palitos de helado y papel lustre. Detrás de esa ironía hay menos demanda, infraestructura subutilizada y actividades económicas que podrían dejar de ser viables.

La salud tampoco quedará al margen. Menos nacimientos significan menos partos y, posteriormente, menos pacientes infantiles. Matronas, pediatras, odontopediatras y otros especialistas enfrentarán una demanda distinta. El envejecimiento aumentará otras necesidades sanitarias, pero no necesariamente compensará la caída en estas especialidades.

El mercado inmobiliario también cambiará. Durante décadas construimos viviendas para familias con más de un hijo. ¿Seguirá existiendo la misma demanda por departamentos de tres o cuatro dormitorios? No necesariamente necesitaremos menos viviendas, pero probablemente necesitaremos viviendas diferentes.

Sin embargo, hay un problema todavía más delicado: las decisiones que miles de jóvenes están tomando hoy sobre su futuro profesional.

En los próximos meses deberán elegir entre carreras como Pedagogía, Educación Parvularia, Obstetricia u Odontología. Quienes ingresen en 2027 podrían titularse en 2032 o 2033, cuando la ola demográfica habrá avanzado otros seis años. Y recién entonces comenzarán una vida laboral de cuatro décadas.

Estamos pidiéndoles que decidan hoy a qué dedicarán los próximos cuarenta años, mientras seguimos ofreciéndoles carreras pensadas para las necesidades del presente.

En cualquier mercado, cuando la oferta supera la demanda aparecen excedentes y presión sobre los precios. El mercado laboral no es una excepción: seguir formando profesionales para sectores cuya demanda disminuye podría traducirse en mayor competencia, menores remuneraciones y titulados que nunca logren ejercer.

¿Estamos realmente formando profesionales para el país que tendremos?

Tenemos proyecciones demográficas para las próximas décadas, pero pareciera que seguimos planificando la educación superior como si el futuro fuera simplemente una extensión estática del presente. ¿Están las universidades ajustando sus vacantes? ¿Está el Estado anticipando las necesidades laborales del Chile de 2040 y 2050?

A esta ola se suma otra transformación: la inteligencia artificial. Mientras la demografía modifica la demanda de determinados servicios, la tecnología transforma las necesidades de contratación de numerosas industrias. Dos fuerzas que obligarán a revisar cuántos profesionales necesitamos, cuáles y para qué.

Podríamos estar invirtiendo hoy miles de millones de pesos, públicos y privados, en formar profesionales para satisfacer necesidades de una sociedad que está dejando de existir.

Las guerras pueden terminar, las economías recuperarse y el petróleo volver a bajar. Pero los niños que no nacieron no aparecerán dentro de veinte años.

La ola ya comenzó. Lo preocupante es que pareciera que seguimos tomando decisiones de largo plazo como si nada fuera a cambiar.

www.cronicadiaria.cl 

ESTALLIDOS

Hoy se cumplen siete años del estallido social. Más allá de la violencia que vivimos durante aquellos días, una de las imágenes que más recuerdo es la del 25 de octubre de 2019, cuando más de un millón de personas se reunieron en las calles de Santiago. Mucho se ha hablado de sus causas y consecuencias, pero hay una pregunta que me sigue dando vueltas: ¿Cuántas de esas personas salieron también por la necesidad de pertenecer y ser parte de algo?

Por naturaleza somos animales gregarios. Necesitamos encontrarnos con otros, compartir experiencias y sentirnos parte. Sin embargo, pareciera que, mientras más conectados estamos, menos espacios tenemos para pertenecer. La creciente fragmentación de nuestra sociedad contrasta con las multitudes que, cada cierto tiempo, vuelven a reunirse en las calles.

Este fenómeno también se hace evidente en las manifestaciones multitudinarias de Francia, España, Bélgica, Albania e India. Países con realidades y demandas muy distintas, pero donde miles de personas vuelven a encontrarse en torno a experiencias colectivas.

Mientras tanto, algunos espacios que tradicionalmente nos reunían han ido poco a poco desapareciendo. En el Gran Santiago, la participación en clubes deportivos y recreativos cayó un 57 % entre 2000 y 2009, mientras que en las juntas de vecinos disminuyó un 37 % durante el mismo período.

La Encuesta Bicentenario UC de 2025 entregó cifras aún más reveladoras: el 62 % de los adultos chilenos no participa activamente en ninguna asociación, grupo organizado o club. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la cifra alcanza el 76 %. La misma encuesta muestra que el 48 % de los chilenos se sintió solo al menos algunas veces durante la última semana. Entre los jóvenes, la proporción llegó al 62 %.

A estas cifras se suman los resultados del Termómetro de Salud Mental Achs-UC, publicados en octubre de 2026. El estudio revela que el 21,9 % de los adultos urbanos presenta niveles elevados de soledad, mientras que el 16,2 % registra síntomas moderados o severos de depresión. Ambos indicadores alcanzaron sus niveles más altos desde los años de pandemia.

Las comunidades religiosas, históricamente importantes espacios de encuentro, también han ido desapareciendo. En Chile, según los censos, la población que se declara católica pasó del 70 % en 2002 al 54 % en 2024. En ese mismo período, quienes declaran no tener religión o credo pasaron del 8,3 % al 25,8 %. Más allá de las creencias individuales, esta transformación me parece preocupante por la posible pérdida de experiencias compartidas que tradicionalmente ofrecían estas comunidades.

También se han transformado experiencias grupales que durante generaciones reunieron a personas de distintos orígenes. El servicio militar es quizás el ejemplo más claro. En Chile, el número de conscriptos disminuyó de 31.716 en 1990 a 15.546 en 2009, una caída del 51 %. En Francia, las incorporaciones al Ejército de Tierra pasaron de 151.350 conscriptos en 1995 a aproximadamente 16.000 soldados profesionales en 2025, una disminución cercana al 89,4 %. Por su parte, en España, las 102.214 incorporaciones previstas al servicio militar obligatorio en 2000 contrastan con las 8.884 plazas de tropa y marinería profesional ofertadas en 2025, una diferencia del 91,3 %. Más allá de sus implicancias en defensa, estos cambios redujeron o eliminaron una experiencia de fraternidad compartida por miles de jóvenes provenientes de todo un país.

Algo parecido ocurre con nuestros encuentros cotidianos. En Francia, entre 2015 y 2022, la proporción de personas que se reunía presencialmente al menos una vez por semana con familiares disminuyó siete puntos porcentuales, mientras que los encuentros con amigos cayeron cinco puntos. En contraste, las comunicaciones a distancia aumentaron cuatro puntos con familiares y dos con amigos, según el Instituto Nacional de Estadística francés. Aunque la pandemia pudo influir en esas cifras, el contraste resulta interesante: podemos comunicarnos más sin necesariamente encontrarnos más.

La reflexión va más allá de defender instituciones del pasado o echar de menos tiempos que no necesariamente fueron mejores. La pregunta es qué ocurre cuando desaparecen algunos de los espacios donde las personas se conocían, compartían y construían vínculos.

Hoy tenemos posibilidades de comunicación que habrían sido inimaginables hace apenas unas décadas. Podemos conversar instantáneamente con alguien al otro lado del mundo, pero eso no significa necesariamente que tengamos con quién compartir nuestras vidas.

Y quizás ahí aparece algo profundamente animal que las pantallas jamás podrán reemplazar. Quienes han participado en una manifestación multitudinaria conocen esa experiencia: los gritos, la transpiración, los olores, el roce, el ruido, la adrenalina de sentirse parte de una multitud. Una mezcla de emociones y estímulos profundamente humanos y animales, imposibles de reproducir completamente a través de una pantalla. Porque somos animales, y nuestros vínculos se construyen con mucho más que palabras. Necesitamos escuchar, tocar, oler, sentir y compartir físicamente con otros. Cientos de miles de años de evolución nos han hecho depender de todos nuestros sentidos para relacionarnos. Eso difícilmente cambia en unas pocas décadas.

La relación entre la pérdida de espacios colectivos y el aumento de la soledad merece una reflexión más profunda. Las demandas que llevan a miles de personas a manifestarse son concretas y legítimas para quienes las expresan. Pero, frente a esas multitudes reunidas en las calles, me resulta inevitable preguntarme si detrás de ellas existe también una búsqueda de pertenencia.

Quizás seguimos teniendo esa necesidad visceral de estar juntos. Y quizás las protestas nos permiten satisfacer, aunque sea por unas horas, algo que la tecnología todavía no logra reemplazar: la necesidad de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos.

Una columna de www.cronicadiaria.cl 

¿Equilibrio o prosperidad? La tensión detrás de la semana laboral reducida

Tras su visita a China, el canciller alemán Friedrich Merz dijo: "Simplemente ya no somos lo suficientemente productivos. Cada uno puede decir: ‘Ya hago bastante’. Y puede que sea cierto. Pero cuando regresan de China, ven las cosas más claramente. Con un equilibrio entre la vida laboral y personal y una semana laboral de cuatro días, no se puede mantener la prosperidad a largo plazo en nuestro país. Tendremos que esforzarnos un poco más."

No es una crítica al bienestar. Es una advertencia sobre sostenibilidad. Y esa advertencia conecta directamente con lo que ocurre en Países Bajos, presentado muchas veces como el modelo “exitoso” de una economía que trabaja menos y vive mejor.

El caso neerlandés: productividad alta, pero sin avance

Es cierto: los Países Bajos tienen una de las productividades por hora más altas de la OCDE y un promedio semanal cercano a las 32 horas. Muchos hablan de “semana de cuatro días”. Pero el punto clave es otro: en los últimos 15 años la productividad no ha crecido de forma relevante. Es alta, pero está estancada.

Si una economía no aumenta su productividad y además enfrenta envejecimiento poblacional, solo tiene dos caminos para sostener su nivel de vida: producir más por hora o aumentar la cantidad de personas y horas trabajadas. Y ahí aparece un dato que pocas veces se menciona: más de la mitad de las mujeres neerlandesas trabaja a tiempo parcial, muy por sobre el promedio de la OCDE. Es un modelo que favorece la conciliación, sí, pero que también reduce el volumen total de horas que aporta la economía.

El sistema funciona hoy. La pregunta es si funcionará igual mañana.

El péndulo global: menos horas vs. más exigencia

Mientras algunos países, como Chile, discuten reducir jornadas, el escenario global muestra otra cara. En Estados Unidos y Europa, muchas grandes empresas están revirtiendo el trabajo remoto y exigiendo presencialidad completa. Cada vez más vacantes piden disponibilidad total y cinco días a la semana.

En el otro extremo está Elon Musk, quien ha defendido semanas laborales de 100 o incluso 120 horas en sectores tecnológicos, bajo la idea de que la innovación requiere intensidad extrema. No se trata de elegir un extremo. Pero el contraste es evidente: mientras algunos impulsan menos horas como estándar social, otros endurecen las condiciones para competir.

¿Y Chile?

Chile viene de años de bajo crecimiento y tiene una de las productividades más bajas dentro de la OCDE. Aun así, las principales reformas laborales recientes se han enfocado en reducir la jornada hacia 40 horas. La pregunta no es si mejorar el equilibrio vida-trabajo es positivo. Lo es. La pregunta es otra: ¿estamos acompañando esa reducción con un aumento real de productividad? ¿Podemos sostener mayores estándares sociales sin aumentar nuestra capacidad productiva?

El caso neerlandés demuestra que trabajar menos no destruye automáticamente una economía. Pero también muestra que la prosperidad no se mantiene sola. Requiere crecimiento, eficiencia o mayor participación laboral. El equilibrio es deseable, pero la prosperidad —que deriva directamente de la productividad— es necesaria.

¿Podemos volver a ser los “jaguares de Latinoamérica” alguna vez, si nuestras políticas y rendimientos no están apuntando en esa dirección?  

 

Chile y la agricultura: cuando un sector clave no entra en la conversación

Durante años, Chile repitió con convicción una idea simple: Chile, potencia agroalimentaria. No era solo un eslogan. Era una forma de ordenar prioridades, de entender que el desarrollo del país no dependía únicamente del cobre, sino también de su capacidad productiva, territorial y exportadora en alimentos. Hoy, ese concepto, que nunca logró el protagonismo que se buscaba, desapareció. Y lo más preocupante es que lo hizo sin reemplazo.

La última campaña presidencial fue una buena radiografía de ese vacío. La agricultura, pese a su peso económico y social, no fue un tema relevante de debate. No apareció como eje estratégico, no se discutió una visión de largo plazo, no hubo propuestas estructurales. Simplemente quedó fuera de la conversación. El proceso de nombramiento del nuevo ministro de Agricultura terminó de confirmar esa sensación: hubo designación, pero no relato país. 

Y eso contrasta fuertemente con los números reales del sector en Chile.

Si se mira solo la agricultura primaria, su aporte al PIB ronda el 3%. Pero esa cifra, repetida una y otra vez, es engañosa. Cuando se considera toda la cadena agroalimentaria —producción agrícola y ganadera, agroindustria, procesamiento de alimentos, bebidas, logística, transporte, servicios e insumos asociados— el aporte se eleva a del orden del 10% del PIB nacional. No es marginal. Es estructural. En muchas regiones de Chile es más que una industria: es el sector que mueve la economía local, que estructura el empleo y que forma parte de la cultura y las tradiciones.

En empleo, la diferencia es aún más clara. El sector silvoagropecuario y pesquero emplea directamente a cerca de medio millón de personas. Pero si se incorpora el empleo indirecto e inducido —plantas de proceso, frigoríficos, packing, transporte, certificaciones, comercio mayorista, servicios técnicos— la cifra supera con holgura el millón de trabajadores, llegando a representar cerca de uno de cada seis empleos del país. En muchas regiones, es simplemente la principal fuente de trabajo formal.

Nada de esto se reflejó en la discusión presidencial.

Mientras tanto, otros países comparables a Chile han seguido un camino muy distinto. Nueva Zelanda, por ejemplo, definió hace décadas que la agricultura y la agroindustria serían un pilar de su desarrollo. Más allá de los gobiernos, mantuvo políticas estables, foco exportador, una fuerte institucionalidad sanitaria y una estrategia consistente de apertura de mercados. No improvisa cada cuatro años. Decide y sostiene. Es un eje país, al mismo nivel que la seguridad, el empleo o la educación.

Países Bajos, con mucho menos territorio y condiciones naturales más exigentes, apostó por productividad, innovación e investigación y desarrollo como política de Estado. Hoy es una potencia agroalimentaria global no por tamaño, sino por eficiencia, tecnología y conocimiento. Su estrategia no depende del color político del gobierno de turno.

Y más cerca, Perú avanza con rapidez. No porque tenga mejores suelos o climas que Chile, sino porque ha construido una estrategia agroexportadora clara y agresiva. En frutas y otros productos, ya no compite: está ganando terreno. No nos “quita territorio”; ocupa espacios que Chile dejó de defender con política pública. No es casualidad que sean los mismos empresarios chilenos quienes han optado por expandir sus operaciones hacia nuestro vecino, donde existe una estrategia país explícita para convertirse en potencia agroalimentaria.

Chile, en cambio, parece administrar el sector, pero no proyectarlo. Existe ProChile, existen servicios, existen instrumentos. Pero falta lo esencial: una política agroalimentaria de largo plazo, transversal a gobiernos y partidos, que entienda a la agricultura y la agroindustria como un eje real de desarrollo económico, empleo regional y diversificación productiva.

No se trata de nostalgia por un lema antiguo. Se trata de reconocer una realidad incómoda: Chile sigue pensando su desarrollo desde sectores intensivos en renta, y no desde sectores intensivos en empleo, encadenamientos productivos y territorio. La agricultura cumple con todo eso, pero no entra en la agenda.

El diagnóstico es claro. Un sector que aporta cerca del 10% del PIB, que genera más de un millón de empleos y que es clave para el desarrollo regional no puede seguir ausente del debate estratégico del país. El problema no es técnico. Es político.

Ahí es donde el nuevo gobierno tiene una oportunidad —y una responsabilidad— evidente. José Antonio Kast puede tomar este vacío y transformarlo en una definición de Estado: convertir a la agricultura y la agroindustria en una política país, con objetivos claros, continuidad en el tiempo y transversalidad política. No como un programa sectorial más, sino como un eje estructural del desarrollo económico, del empleo regional y de la diversificación productiva.

Chile tiene el potencial, el territorio y la experiencia. Lo que ha faltado no es capacidad productiva, sino decisión estratégica. Si este gobierno logra instalar una política agroalimentaria de largo plazo, estará haciendo algo más profundo que administrar un sector: estará corrigiendo una omisión histórica. Y si no lo hace, otros seguirán avanzando donde Chile decidió quedarse quieto.

Chile frente a la inteligencia artificial: el riesgo de seguir inmóviles

A principios de esta semana vimos, con los resultados de la última PAES, una fotografía bastante clara de algo más profundo: el sistema educativo chileno sigue operando como si el mundo no estuviera cambiando a una velocidad inédita. Y el cambio más grande que enfrentamos hoy tiene nombre y apellido: inteligencia artificial.

En los últimos tres o cuatro años la IA dejó de ser una promesa futura. Está en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los teléfonos, en los procesos productivos, en la escritura, en el diseño, en la programación y en el análisis de datos. La usamos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Nos ahorra tiempo, reemplaza tareas, toma decisiones, aprende y mejora sola. Y aun así, el sistema educativo chileno parece seguir exactamente en el mismo lugar.

No veo iniciativas claras en el Congreso. No veo anuncios del actual gobierno ni del presidente electo. Tampoco veo a las universidades replanteando de manera profunda qué carreras, qué especializaciones y qué competencias van a necesitar los profesionales que se están formando hoy para enfrentarse a un mundo que ya está siendo transformado por la inteligencia artificial.

Seguimos ofreciendo las mismas mallas, los mismos listados de carreras, las mismas metodologías. Y eso es preocupante.

Hace solo algunos días, en un ejercicio que realicé con la inteligencia artificial, una de las conclusiones que aparecía con fuerza era justamente esta: como sociedad, nos estamos quedando obsoletos frente a la inteligencia artificial, y no nos estamos adaptando al mismo ritmo al mundo que viene (o que ya llegó). No como una advertencia teórica, sino como una constatación práctica del desfase entre tecnología, educación y capacidades reales.

Hoy estudiar programación, por ejemplo, se vuelve una paradoja. No porque no sea relevante, sino porque la forma tradicional de enseñarla ya quedó obsoleta. Gran parte del código hoy lo escribe la propia inteligencia artificial. Lo mismo ocurre —o pronto ocurrirá— con áreas completas de la ingeniería, la arquitectura e incluso con ciertas especialidades de la medicina, que están siendo reemplazadas por la IA. No hablamos de décadas. En algunos casos, hablamos de años o meses; en muchos otros, ya ocurrió.

Mientras tanto, otros países, aun sin tener todas las respuestas, sí están reaccionando. Japón, por ejemplo, tiene un plan ambicioso para integrar la inteligencia artificial en la vida cotidiana de su población mayor, entregándoles herramientas para convivir con esta tecnología en lugar de quedar excluidos por ella. Estados Unidos, Canadá y países del Medio Oriente están rediseñando currículums, creando nuevas carreras y repensando cómo se enseña, no solo qué se enseña.

No se trata de adivinar el futuro con precisión. Se trata de entender que el cambio es real, profundo y acelerado, y que seguir inmóviles es una decisión en sí misma. Una decisión costosa.

La inteligencia artificial ya está reemplazando mano de obra en muchos sectores. Va a seguir haciéndolo. No sabemos exactamente a qué velocidad avanzará o hasta dónde llegará, pero sí sabemos que el mundo del trabajo y del conocimiento no volverá a ser el mismo.

Por eso resulta urgente crear espacios de reflexión real: think tanks, mesas de trabajo y alianzas entre universidades, Estado y sector productivo que se dediquen exclusivamente a repensar cómo y qué educamos para un mundo dominado por sistemas inteligentes. No como un ramo optativo ni como un seminario aislado, sino como un rediseño estructural profundo.

Hoy la oferta universitaria sigue girando en torno a las mismas “diez carreras”, y los estudiantes continúan eligiendo entre esas mismas opciones, muchas veces desde la ignorancia o el desconocimiento. Decisiones que marcarán su vida laboral, sin que exista claridad sobre si esas formaciones seguirán siendo relevantes o rentables en cinco años más.

Chile ha demostrado muchas veces que puede reaccionar tarde. Hoy no creo que estemos a tiempo de no repetir ese patrón, y el tiempo no juega a favor de la evidente inercia existente.

Impuestos al anticonceptivo: cuando la política demográfica ignora la realidad

China decidió gravar los anticonceptivos, incluidos los preservativos, como parte de su estrategia para enfrentar la caída de la natalidad. La lógica detrás de la medida parece simple, quizá demasiado simple: encarecer los métodos anticonceptivos para incentivar los nacimientos. El problema es que esa lógica no solo es débil desde el punto de vista demográfico, sino también riesgosa desde la salud pública.

Partamos por un punto clave: el preservativo hoy no cumple únicamente, ni principalmente, una función reproductiva. El preservativo es el único método anticonceptivo que, además, reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. En muchos contextos urbanos, especialmente entre jóvenes y adultos sexualmente activos, el condón se utiliza más que como una herramienta anticonceptiva, como como herramienta de prevención sanitaria.

En un mundo donde las ETS siguen siendo un problema relevante, la OMS estima más de 370 millones de nuevas infecciones curables al año (clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis), encarecer el acceso a preservativos no es una política neutra. Es una decisión que aumenta riesgos, especialmente en los sectores de menores ingresos.

El problema de fondo no son los anticonceptivos

La evidencia internacional es bastante consistente en un punto: la baja natalidad no está causada por el acceso a métodos anticonceptivos. Países con acceso amplio y barato a anticoncepción pueden tener tasas de fecundidad altas o bajas; lo mismo ocurre con países donde ese acceso es limitado. No hay una relación directa y simple. 

Las razones por las que las personas no tienen hijos hoy son mucho más estructurales y, en muchos casos, incómodas para la política pública:

• Costo económico de la crianza (vivienda, educación, salud).

• Inestabilidad laboral y precariedad.

• Dificultad para formar pareja estable o menor interés en hacerlo.

• Falta de tiempo y sobrecarga laboral, especialmente en mujeres.

• Preferencia por invertir recursos en calidad de vida: autonomía, viajes, formación o simplemente seguridad financiera.

En China, estas razones están ampliamente documentadas. El costo de criar un hijo en grandes ciudades es altísimo, el mercado laboral es altamente competitivo y las expectativas sociales siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres. En ese contexto, pensar que el problema se corrige encareciendo un preservativo es, como mínimo, ingenuo.

Por otro lado, la evidencia es clara: los preservativos son una de las herramientas más eficaces para prevenir la transmisión de ETS. En ese contexto, la política termina enfrentando dos objetivos públicos con respaldo empírico —salud pública y natalidad— optando por una solución que debilita uno sin garantizar avances en el otro.

Menos sexo, menos parejas, menos hijos

Hay además un fenómeno más profundo que rara vez se aborda: la gente no solo tiene menos hijos, también sale menos, conoce menos gente y forma menos parejas. El retraso en la edad de la primera relación estable, el aumento del aislamiento social y la digitalización de la vida cotidiana juegan un rol clave. Penalizar los anticonceptivos no cambia nada de eso.

Si las personas no quieren, o no pueden, tener hijos hoy, no es por un tema de acceso o costo de los anticonceptivos. Es porque el proyecto de vida que implica tener hijos se percibe como riesgoso, caro y poco compatible con la realidad moderna.

El riesgo sanitario de una mala señal

Desde el punto de vista de la salud pública, la medida es especialmente preocupante. Subir el precio de los preservativos no elimina su uso, pero sí reduce su uso consistente, especialmente en jóvenes y personas de menores ingresos. Eso se traduce en más ETS, más embarazos no planificados y, paradójicamente, más costos para el Estado a mediano plazo.

Si el objetivo real es aumentar la natalidad, la evidencia muestra que funcionan mejor otras herramientas: políticas de conciliación laboral, apoyo a la crianza, acceso a vivienda, salas cuna, estabilidad económica y, sobre todo, confianza en el futuro. Lo demás son atajos ideológicos.

Conclusión

Gravar los anticonceptivos no es una política moderna, ni eficaz, ni responsable. Confunde causas con síntomas y traslada el problema al plano individual, cuando es claramente estructural. En el peor de los casos, puede terminar dañando la salud pública sin mover un solo decimal la tasa de natalidad.

La baja fecundidad, tal como no se resolvió con la eliminación de la política del hijo único, tampoco se enfrenta castigando el sexo protegido. Se aborda haciendo que tener hijos vuelva a ser una decisión viable, no un acto heroico.