China decidió gravar los anticonceptivos, incluidos los preservativos, como parte de su estrategia para enfrentar la caída de la natalidad. La lógica detrás de la medida parece simple, quizá demasiado simple: encarecer los métodos anticonceptivos para incentivar los nacimientos. El problema es que esa lógica no solo es débil desde el punto de vista demográfico, sino también riesgosa desde la salud pública.
Partamos por un punto clave: el preservativo hoy no cumple únicamente, ni principalmente, una función reproductiva. El preservativo es el único método anticonceptivo que, además, reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. En muchos contextos urbanos, especialmente entre jóvenes y adultos sexualmente activos, el condón se utiliza más que como una herramienta anticonceptiva, como como herramienta de prevención sanitaria.
En un mundo donde las ETS siguen siendo un problema relevante, la OMS estima más de 370 millones de nuevas infecciones curables al año (clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis), encarecer el acceso a preservativos no es una política neutra. Es una decisión que aumenta riesgos, especialmente en los sectores de menores ingresos.
El problema de fondo no son los anticonceptivos
La evidencia internacional es bastante consistente en un punto: la baja natalidad no está causada por el acceso a métodos anticonceptivos. Países con acceso amplio y barato a anticoncepción pueden tener tasas de fecundidad altas o bajas; lo mismo ocurre con países donde ese acceso es limitado. No hay una relación directa y simple.
Las razones por las que las personas no tienen hijos hoy son mucho más estructurales y, en muchos casos, incómodas para la política pública:
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Costo económico de la crianza (vivienda, educación, salud).
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Inestabilidad laboral y precariedad.
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Dificultad para formar pareja estable o menor interés en hacerlo.
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Falta de tiempo y sobrecarga laboral, especialmente en mujeres.
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Preferencia por invertir recursos en calidad de vida: autonomía, viajes, formación o simplemente seguridad financiera.
En China, estas razones están ampliamente documentadas. El costo de criar un hijo en grandes ciudades es altísimo, el mercado laboral es altamente competitivo y las expectativas sociales siguen recayendo de forma desproporcionada sobre las mujeres. En ese contexto, pensar que el problema se corrige encareciendo un preservativo es, como mínimo, ingenuo.
Por otro lado, la evidencia es clara: los preservativos son una de las herramientas más eficaces para prevenir la transmisión de ETS. En ese contexto, la política termina enfrentando dos objetivos públicos con respaldo empírico —salud pública y natalidad— optando por una solución que debilita uno sin garantizar avances en el otro.
Menos sexo, menos parejas, menos hijos
Hay además un fenómeno más profundo que rara vez se aborda: la gente no solo tiene menos hijos, también sale menos, conoce menos gente y forma menos parejas. El retraso en la edad de la primera relación estable, el aumento del aislamiento social y la digitalización de la vida cotidiana juegan un rol clave. Penalizar los anticonceptivos no cambia nada de eso.
Si las personas no quieren, o no pueden, tener hijos hoy, no es por un tema de acceso o costo de los anticonceptivos. Es porque el proyecto de vida que implica tener hijos se percibe como riesgoso, caro y poco compatible con la realidad moderna.
El riesgo sanitario de una mala señal
Desde el punto de vista de la salud pública, la medida es especialmente preocupante. Subir el precio de los preservativos no elimina su uso, pero sí reduce su uso consistente, especialmente en jóvenes y personas de menores ingresos. Eso se traduce en más ETS, más embarazos no planificados y, paradójicamente, más costos para el Estado a mediano plazo.
Si el objetivo real es aumentar la natalidad, la evidencia muestra que funcionan mejor otras herramientas: políticas de conciliación laboral, apoyo a la crianza, acceso a vivienda, salas cuna, estabilidad económica y, sobre todo, confianza en el futuro. Lo demás son atajos ideológicos.
Conclusión
Gravar los anticonceptivos no es una política moderna, ni eficaz, ni responsable. Confunde causas con síntomas y traslada el problema al plano individual, cuando es claramente estructural. En el peor de los casos, puede terminar dañando la salud pública sin mover un solo decimal la tasa de natalidad.
La baja fecundidad, tal como no se resolvió con la eliminación de la política del hijo único, tampoco se enfrenta castigando el sexo protegido. Se aborda haciendo que tener hijos vuelva a ser una decisión viable, no un acto heroico.
