Durante años, Chile repitió con convicción una idea simple: Chile, potencia agroalimentaria. No era solo un eslogan. Era una forma de ordenar prioridades, de entender que el desarrollo del país no dependía únicamente del cobre, sino también de su capacidad productiva, territorial y exportadora en alimentos. Hoy, ese concepto, que nunca logró el protagonismo que se buscaba, desapareció. Y lo más preocupante es que lo hizo sin reemplazo.
La última campaña presidencial fue una buena radiografía de ese vacío. La agricultura, pese a su peso económico y social, no fue un tema relevante de debate. No apareció como eje estratégico, no se discutió una visión de largo plazo, no hubo propuestas estructurales. Simplemente quedó fuera de la conversación. El proceso de nombramiento del nuevo ministro de Agricultura terminó de confirmar esa sensación: hubo designación, pero no relato país.
Y eso contrasta fuertemente con los números reales del sector en Chile.
Si se mira solo la agricultura primaria, su aporte al PIB ronda el 3%. Pero esa cifra, repetida una y otra vez, es engañosa. Cuando se considera toda la cadena agroalimentaria —producción agrícola y ganadera, agroindustria, procesamiento de alimentos, bebidas, logística, transporte, servicios e insumos asociados— el aporte se eleva a del orden del 10% del PIB nacional. No es marginal. Es estructural. En muchas regiones de Chile es más que una industria: es el sector que mueve la economía local, que estructura el empleo y que forma parte de la cultura y las tradiciones.
En empleo, la diferencia es aún más clara. El sector silvoagropecuario y pesquero emplea directamente a cerca de medio millón de personas. Pero si se incorpora el empleo indirecto e inducido —plantas de proceso, frigoríficos, packing, transporte, certificaciones, comercio mayorista, servicios técnicos— la cifra supera con holgura el millón de trabajadores, llegando a representar cerca de uno de cada seis empleos del país. En muchas regiones, es simplemente la principal fuente de trabajo formal.
Nada de esto se reflejó en la discusión presidencial.
Mientras tanto, otros países comparables a Chile han seguido un camino muy distinto. Nueva Zelanda, por ejemplo, definió hace décadas que la agricultura y la agroindustria serían un pilar de su desarrollo. Más allá de los gobiernos, mantuvo políticas estables, foco exportador, una fuerte institucionalidad sanitaria y una estrategia consistente de apertura de mercados. No improvisa cada cuatro años. Decide y sostiene. Es un eje país, al mismo nivel que la seguridad, el empleo o la educación.
Países Bajos, con mucho menos territorio y condiciones naturales más exigentes, apostó por productividad, innovación e investigación y desarrollo como política de Estado. Hoy es una potencia agroalimentaria global no por tamaño, sino por eficiencia, tecnología y conocimiento. Su estrategia no depende del color político del gobierno de turno.
Y más cerca, Perú avanza con rapidez. No porque tenga mejores suelos o climas que Chile, sino porque ha construido una estrategia agroexportadora clara y agresiva. En frutas y otros productos, ya no compite: está ganando terreno. No nos “quita territorio”; ocupa espacios que Chile dejó de defender con política pública. No es casualidad que sean los mismos empresarios chilenos quienes han optado por expandir sus operaciones hacia nuestro vecino, donde existe una estrategia país explícita para convertirse en potencia agroalimentaria.
Chile, en cambio, parece administrar el sector, pero no proyectarlo. Existe ProChile, existen servicios, existen instrumentos. Pero falta lo esencial: una política agroalimentaria de largo plazo, transversal a gobiernos y partidos, que entienda a la agricultura y la agroindustria como un eje real de desarrollo económico, empleo regional y diversificación productiva.
El diagnóstico es claro. Un sector que aporta cerca del 10% del PIB, que genera más de un millón de empleos y que es clave para el desarrollo regional no puede seguir ausente del debate estratégico del país. El problema no es técnico. Es político.
Ahí es donde el nuevo gobierno tiene una oportunidad —y una responsabilidad— evidente. José Antonio Kast puede tomar este vacío y transformarlo en una definición de Estado: convertir a la agricultura y la agroindustria en una política país, con objetivos claros, continuidad en el tiempo y transversalidad política. No como un programa sectorial más, sino como un eje estructural del desarrollo económico, del empleo regional y de la diversificación productiva.
Chile tiene el potencial, el territorio y la experiencia. Lo que ha faltado no es capacidad productiva, sino decisión estratégica. Si este gobierno logra instalar una política agroalimentaria de largo plazo, estará haciendo algo más profundo que administrar un sector: estará corrigiendo una omisión histórica. Y si no lo hace, otros seguirán avanzando donde Chile decidió quedarse quieto.
