🗺️Menos administración, más desarrollo: ¿Realmente necesitamos 345 municipalidades?

Chile tiene 346 comunas y 345 municipalidades, cada una con su propia historia, identidad y características. Sin embargo, cuando uno comienza a profundizar en nuestra organización territorial y administrativa, descubre diferencias que cuesta entender, más cuando todas funcionan bajo un mismo modelo municipal.

Dejando fuera el territorio antártico chileno, las diferencias entre nuestras comunas son enormes. Natales, Región de Magallanes, tiene cerca de 50.000 km², mientras que San Ramón, en Santiago, apenas alcanza los 6,5 km². En población ocurre algo parecido: Puente Alto tiene 568.086 habitantes, mientras que Río Verde tiene apenas 102, según el último Censo. Y si miramos la densidad poblacional, las diferencias son todavía más sorprendentes: Lo Espejo, en Santiago, supera los 12.000 habitantes por km², mientras que Timaukel, con apenas 157 habitantes, tiene una persona por cada 69 km². Son realidades territoriales y demográficas radicalmente distintas, pero ambas cuentan con una municipalidad, un alcalde y un concejo municipal.

¿Con qué lógica llegamos a esta organización territorial? ¿Fue una decisión geográfica, demográfica, histórica o simplemente política? Las tres comunas chilenas de Tierra del Fuego suman menos de 7.400 habitantes y, aun así, tienen tres alcaldes y dieciocho concejales. La provincia de Chiloé, con una identidad geográfica bastante definida, tiene diez comunas e incluso la isla de Quinchao está dividida en dos comunas diferentes, Achao y Curaco de Vélez. Mientras tanto, Puerto Edén depende administrativamente de Natales, al otro lado de una travesía que puede tomar más de 27 horas de navegación. Cuesta entender qué lógica permite justificar tales diferencias y por qué mantenemos una división territorial que, en muchos casos, responde a decisiones tomadas en circunstancias muy distintas de las actuales.

Otro dato que llama la atención aparece al revisar los presupuestos municipales. Según cifras del SINIM para 2025, en Ollagüe el 32,5% del gasto municipal se destinó a personal, mientras que en Antofagasta esa proporción fue de apenas 12,6%. En Camarones alcanzó el 35,3% y en Timaukel el 31,9%. Es decir, en estas pequeñas comunas cerca de un tercio de los recursos municipales se destina a remuneraciones. Y hay otra cifra que sorprende: en Ollagüe y Timaukel, el gasto municipal total equivale a alrededor de $20 millones anuales por habitante. Por supuesto, esto no significa que cada vecino reciba ese dinero, y prestar servicios en territorios aislados tiene costos importantes. Tampoco todo el personal cumple funciones administrativas. Pero ¿tiene sentido que localidades con apenas unos cientos de habitantes deban sostener cada una una administración municipal independiente, o podríamos compartir parte de esas estructuras y destinar más recursos a caminos, conectividad y desarrollo local?

Para comprender cómo llegamos hasta aquí, vale la pena mirar un poco hacia atrás. En 1971 Chile tenía 266 municipalidades. Hoy tenemos 345, es decir, 79 más en solo 55 años. No todas se crearon por las mismas razones. Algunas respondieron al crecimiento de las ciudades, otras a la necesidad de acercar la administración pública a localidades aisladas y otras a decisiones de reorganización territorial. Muchas de esas decisiones seguramente tuvieron sentido en su momento. Pero también parece razonable preguntarse si las condiciones que las justificaron siguen siendo las mismas.

En los últimos cincuenta años, Chile cambió de una manera que a veces olvidamos. Hubo una época en que, para hablar por teléfono desde muchos pueblos, había que ir al correo, pedir una hora y esperar que una operadora estableciera la comunicación. El cartero, con suerte, pasaba una vez a la semana. No existían las consultas médicas online; cobrar un cheque o hacer un trámite exigía trasladarse hasta la ciudad más cercana. Hoy tenemos miles de kilómetros de caminos pavimentados, nuevas carreteras, telefonía móvil y satelital, y servicios que hace medio siglo eran inimaginables. Podemos hablar por videollamada con un médico y hacer operaciones bancarias desde la palma de la mano. Incluso la inteligencia artificial está comenzando a transformar nuestra manera de trabajar y de prestar servicios.

Sin embargo, mientras el país se transformaba, nuestra estructura municipal no solo se mantuvo, sino que siguió creciendo. Las municipalidades cumplieron un papel fundamental acercando el Estado y sus servicios a las personas, especialmente cuando las distancias y las dificultades de comunicación hacían indispensable contar con una administración local. Y siguen cumpliendo un rol importante. Chile todavía tiene localidades aisladas, escuelas rurales, caminos pendientes y comunidades cuyas necesidades no podemos desconocer. Pero reconocer esa realidad no significa que debamos mantener intacta una organización administrativa concebida para un país muy distinto. ¿No habrá llegado también el momento de modernizar nuestra organización territorial y administrativa?

Durante décadas hemos hablado de la modernización del Estado, de reducir la burocracia y de utilizar mejor los recursos públicos. ¿No deberíamos comenzar a discutir seriamente la posibilidad de fusionar algunas municipalidades, compartir funciones administrativas y eliminar estructuras que hoy podrían resultar innecesarias? No se trata de desconocer la identidad de los territorios ni de reducir los servicios que reciben sus habitantes, sino precisamente de fortalecerlos. No se trata de gastar menos en los territorios, sino de gastar menos en administrarlos y más en desarrollarlos.

Y quizás esta discusión no debería limitarse a las municipalidades. Chile tiene hoy 345 municipalidades, 345 alcaldes, más de 2.200 concejales, 16 regiones, 25 ministerios y alrededor de 307 secretarías regionales ministeriales (SEREMI), lo que nos sitúa entre los países unitarios de la OCDE con mayor número de carteras ministeriales. ¿No será que, mientras buscamos permanentemente nuevas formas de administrar el país, hemos ido multiplicando estructuras sin detenernos a revisar si todas siguen siendo necesarias? ¿Estamos organizando el Estado para servir a las personas o seguimos obligando a las personas a financiar el Estado?

🍣Off the Table: ¿y después qué?

 Esta semana apareció en los medios el movimiento Off the Table, una campaña internacional respaldada por más de 120 chefs que propone retirar el salmón de cultivo de los restaurantes debido a sus impactos ambientales. Una iniciativa que, como país, nos toca muy de cerca, considerando que somos uno de los principales productores de salmón del mundo.

No pretendo desconocer los impactos ambientales de la salmonicultura, que como país hemos enfrentado con regulación, fiscalización y exigencias de mejores prácticas productivas. Sin embargo, me llama la atención cómo algunas organizaciones que promueven campañas contra esta industria parecen prestar mucha más atención a los problemas que denuncian que a las consecuencias de las soluciones que (no) proponen. Cuando no existe una alternativa concreta, la oposición corre el riesgo de convertirse en un fin en sí misma. Esta discusión me recuerda lo que escuchábamos repetidamente hace cinco años sobre la necesidad de ir terminando con la salmonicultura y «diversificar la matriz económica», sin propuestas concretas sobre cómo hacerlo.

Porque retirar el salmón de nuestras mesas no significa necesariamente reducir nuestro impacto ambiental. ¿Qué consumiremos en su lugar? ¿Pescados silvestres, otras especies cultivadas? Es liviano disparar contra una industria sin considerar el costo de las alternativas.

Durante las últimas décadas hemos visto cómo ha aumentado la presión sobre los recursos pesqueros silvestres. En 1974, apenas el 10 % de las poblaciones marinas evaluadas se encontraba sobreexplotado; hoy esa proporción supera el 35 %. En otras palabras, se ha más que triplicado en medio siglo. A esto se suma otro fenómeno preocupante: la disminución del tamaño de los peces capturados en numerosas poblaciones sometidas a la pesca comercial.

Frente a esta realidad, y así como la ganadería permitió reducir nuestra dependencia de la caza, que llevó al borde de la extinción a muchas especies de grandes mamíferos, la acuicultura ofrece una alternativa para producir proteínas de manera eficiente sin depender exclusivamente de la pesca extractiva. No está libre de impactos, por lo que debe desarrollarse con regulación adecuada, fiscalización y una mejora permanente de sus prácticas productivas.

Pero en Chile hay otra dimensión, igualmente importante, que no podemos ignorar: las personas.

La salmonicultura sostiene cerca de 337 mil empleos en Chile, considerando tanto los puestos directamente vinculados a la actividad como aquellos que dependen indirectamente de ella. No hablamos solamente de quienes trabajan en los centros de cultivo o las plantas de proceso; hablamos también de transporte, astilleros, servicios marítimos, mantenimiento, laboratorios, proveedores y una extensa red de actividades que se han desarrollado alrededor de esta industria. La salmonicultura ha sido el motor del desarrollo de muchas de nuestras comunidades.

El impacto es particularmente importante en el sur. La salmonicultura representa un 21,4 % del PIB regional de Aysén y sostiene el equivalente al 19,3 % de su empleo. En Magallanes, las cifras alcanzan el 11,1 % y el 11,8 %, respectivamente. Son estimaciones, pero reflejan la magnitud de una actividad que ha transformado las oportunidades productivas de territorios históricamente alejados de los principales centros de desarrollo del país.

En Puerto Montt, Chiloé, Aysén, Puerto Natales y Tierra del Fuego, hablar de salmonicultura no es solamente hablar de peces o exportaciones; es hablar de familias, empresas, trabajadores y comunidades enteras que han logrado su desarrollo gracias a esta actividad.

Por supuesto, debemos mantener los más altos estándares de cumplimiento ambiental y social, pero me parece irresponsable promover campañas que buscan reducir la actividad sin abordar con la misma seriedad las consecuencias económicas y sociales que podrían provocar. Resulta demasiado fácil, desde la cocina de un restaurante con una estrella Michelin, cuestionar una industria sin considerar lo que significa para la vida de miles de personas.

Me parece legítimo que existan voces críticas capaces de exigir mejores prácticas. Lo que cuesta entender es que se promueva dejar de consumir un producto desconociendo el costo de las alternativas y sin evaluar sus consecuencias, tanto para las personas como para la fauna marina.

Considerando el peso económico de la salmonicultura en Chile, su importancia entre nuestras exportaciones, una tasa de desempleo que ronda el 10 % y la dependencia que han desarrollado algunas regiones de esta actividad, no solo deberíamos cuestionar campañas como Off the Table, sino también impulsar iniciativas que promuevan el consumo de salmón y permitan reconocer su potencial como una proteína de producción eficiente, hoy fuertemente ligada a nuestra gente y nuestros territorios.

La sostenibilidad no se construye solamente identificando lo que queremos dejar fuera de la mesa. También exige hacernos responsables de lo que ponemos en su lugar.