Chile tiene 346 comunas y 345
municipalidades, cada una con su propia historia, identidad y características. Sin
embargo, cuando uno comienza a profundizar en nuestra organización territorial
y administrativa, descubre diferencias que cuesta entender, más cuando todas funcionan bajo un mismo modelo municipal.
Dejando fuera el territorio
antártico chileno, las diferencias entre nuestras comunas son enormes. Natales,
Región de Magallanes, tiene cerca de 50.000 km², mientras que San
Ramón, en Santiago, apenas alcanza los 6,5 km². En población ocurre
algo parecido: Puente Alto tiene 568.086 habitantes, mientras que Río
Verde tiene apenas 102, según el último Censo. Y si miramos la densidad
poblacional, las diferencias son todavía más sorprendentes: Lo Espejo,
en Santiago, supera los 12.000 habitantes por km², mientras que Timaukel,
con apenas 157 habitantes, tiene una persona por cada 69 km². Son realidades
territoriales y demográficas radicalmente distintas, pero ambas cuentan con una
municipalidad, un alcalde y un concejo municipal.
¿Con qué lógica llegamos a esta
organización territorial? ¿Fue una decisión geográfica, demográfica, histórica
o simplemente política? Las tres comunas chilenas de Tierra del Fuego suman
menos de 7.400 habitantes y, aun así, tienen tres alcaldes y dieciocho
concejales. La provincia de Chiloé, con una identidad geográfica bastante definida,
tiene diez comunas e incluso la isla de Quinchao está dividida en dos comunas
diferentes, Achao y Curaco de Vélez. Mientras tanto, Puerto Edén depende administrativamente de Natales,
al otro lado de una travesía que puede tomar más de 27 horas de navegación. Cuesta
entender qué lógica permite justificar tales diferencias y por qué mantenemos
una división territorial que, en muchos casos, responde a decisiones tomadas en
circunstancias muy distintas de las actuales.
Otro dato que llama la atención
aparece al revisar los presupuestos municipales. Según cifras del SINIM para
2025, en Ollagüe el 32,5% del gasto municipal se destinó a personal, mientras
que en Antofagasta esa proporción fue de apenas 12,6%. En Camarones alcanzó el
35,3% y en Timaukel el 31,9%. Es decir, en estas pequeñas comunas cerca de un
tercio de los recursos municipales se destina a remuneraciones. Y hay otra
cifra que sorprende: en Ollagüe y Timaukel, el gasto municipal total
equivale a alrededor de $20 millones anuales por habitante. Por supuesto,
esto no significa que cada vecino reciba ese dinero, y prestar servicios en
territorios aislados tiene costos importantes. Tampoco todo el personal cumple
funciones administrativas. Pero ¿tiene sentido que localidades con apenas unos
cientos de habitantes deban sostener cada una una administración municipal
independiente, o podríamos compartir parte de esas estructuras y destinar más
recursos a caminos, conectividad y desarrollo local?
Para comprender cómo llegamos
hasta aquí, vale la pena mirar un poco hacia atrás. En 1971 Chile tenía 266
municipalidades. Hoy tenemos 345, es decir, 79 más en solo 55 años.
No todas se crearon por las mismas razones. Algunas respondieron al crecimiento
de las ciudades, otras a la necesidad de acercar la administración pública a
localidades aisladas y otras a decisiones de reorganización territorial. Muchas
de esas decisiones seguramente tuvieron sentido en su momento. Pero también
parece razonable preguntarse si las condiciones que las justificaron siguen
siendo las mismas.
En los últimos cincuenta años,
Chile cambió de una manera que a veces olvidamos. Hubo una época en que, para
hablar por teléfono desde muchos pueblos, había que ir al correo, pedir una
hora y esperar que una operadora estableciera la comunicación. El cartero, con
suerte, pasaba una vez a la semana. No existían las consultas médicas online;
cobrar un cheque o hacer un trámite exigía trasladarse hasta la ciudad más
cercana. Hoy tenemos miles de kilómetros de caminos pavimentados, nuevas
carreteras, telefonía móvil y satelital, y servicios que hace medio siglo eran
inimaginables. Podemos hablar por videollamada con un médico y hacer
operaciones bancarias desde la palma de la mano. Incluso la inteligencia
artificial está comenzando a transformar nuestra manera de trabajar y de
prestar servicios.
Sin embargo, mientras el país
se transformaba, nuestra estructura municipal no solo se mantuvo, sino que
siguió creciendo. Las municipalidades cumplieron un papel fundamental
acercando el Estado y sus servicios a las personas, especialmente cuando las
distancias y las dificultades de comunicación hacían indispensable contar con
una administración local. Y siguen cumpliendo un rol importante. Chile todavía
tiene localidades aisladas, escuelas rurales, caminos pendientes y comunidades
cuyas necesidades no podemos desconocer. Pero reconocer esa realidad no
significa que debamos mantener intacta una organización administrativa concebida
para un país muy distinto. ¿No habrá llegado también el momento de
modernizar nuestra organización territorial y administrativa?
Durante décadas hemos hablado de
la modernización del Estado, de reducir la burocracia y de utilizar mejor los
recursos públicos. ¿No deberíamos comenzar a discutir seriamente la posibilidad
de fusionar algunas municipalidades, compartir funciones administrativas y
eliminar estructuras que hoy podrían resultar innecesarias? No se trata de
desconocer la identidad de los territorios ni de reducir los servicios que
reciben sus habitantes, sino precisamente de fortalecerlos. No se trata de
gastar menos en los territorios, sino de gastar menos en administrarlos y más
en desarrollarlos.
Y quizás esta discusión no
debería limitarse a las municipalidades. Chile tiene hoy 345 municipalidades,
345 alcaldes, más de 2.200 concejales, 16 regiones, 25 ministerios y alrededor
de 307 secretarías regionales ministeriales (SEREMI), lo que nos sitúa entre
los países unitarios de la OCDE con mayor número de carteras ministeriales. ¿No
será que, mientras buscamos permanentemente nuevas formas de administrar el
país, hemos ido multiplicando estructuras sin detenernos a revisar si todas
siguen siendo necesarias? ¿Estamos organizando el Estado para servir a las
personas o seguimos obligando a las personas a financiar el Estado?
